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Mª Luz Bataller, de la ITC: "El primer paso para mejorar la PRL en las empresas es la adecuada identificación de todos los riesgos existentes en los puestos de trabajo; solo así se podrán eliminar, reducir y/o controlar"
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Entrevista
Mª Luz Bataller, de la ITC: "El primer paso para mejorar la PRL en las empresas es la adecuada identificación de todos los riesgos existentes en los puestos de trabajo; solo así se podrán eliminar, reducir y/o controlar"
21/10/2019
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Mª Luz Bataller Cifuentes
Directora de la Inspección de Trabajo de Cataluña

La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC) es el servicio público del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña competente para vigilar y exigir el cumplimiento de las normas del orden social en materia laboral, en prevención de riesgos laborales, en ocupación, en trabajo de personas extranjeras, en cooperativas y en otras fórmulas de economía social. También se encarga de asesorar e informar a empresas y trabajadores/as sobre cuestiones relacionadas con sus respectivos ámbitos de competencias, y actúa como mediadora en los conflictos laborales.

Mª Luz Bataller Cifuentes es la actual directora general de la ITC. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomada en Desarrollo Directivo por la Escuela de Administración Pública y ESADE, cuenta con una larga trayectoria profesional, habiendo ejercido los cargos de subdirectora general de recursos humanos del cuerpo de Policía y Mossos d’Esquadra y de directora de recursos humanos del Institut Català de la Salut, entre otros. Además, compaginó estos trabajos con los de árbitro del Tribunal Laboral de Cataluña, profesora del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra, y profesora de Derecho Laboral en ESADE.

¿Cuáles son las funciones de la Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC) en materia de PRL?

Podríamos dividir las funciones de la ITC en materia de seguridad y salud en cinco grandes ejes:

  1. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la citada normativa.
  2. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
  3. Investigar e informar sobre los accidentes de trabajo, así como sobre las enfermedades profesionales.
  4. Comprobar y favorecer que la gestión preventiva que se lleva a cabo en las empresas sea adecuada para garantizar la mejora de las condiciones de trabajo, así como el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención.
  5. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

Durante el 2018 se han realizado un total de 14237 visitas en centros de trabajo y 8407 comparecencias en las que se ha actuado en materia de seguridad y salud, actuaciones inspectoras llevadas a cabo por inspectores de trabajo y técnicos habilitados. Todas han sido actuaciones con la finalidad de comprobar que las condiciones de trabajo se adecuen a la normativa vigente, y han generado un total de 23459 requerimientos (un incremento del 9% respecto al 2017) y 2223 actas de infracción (un incremento del 5% respecto al 2017).


¿Cómo se realiza la planificación de la evaluación inspectora que se lleva a cabo en las empresas?

Cualitativamente, la actividad planificada en materia de seguridad y salud de la ITC se realiza de acuerdo con los objetivos fijados en el Marco Estratégico Catalán de Seguridad y Salud Laboral 2015-2020, en el seno del Consejo de Relaciones Laborales, que integra a todos los agentes del mundo laboral, como son las organizaciones de representantes de los trabajadores y empresas, así como los representantes de la administración.

Se ha tenido en cuenta también:

Cuantitativamente, se determina en función de la actividad requerida y los recursos humanos disponibles.


¿Qué tipo de incumplimientos en seguridad y salud en el trabajo (SST) y prevención de riesgos laborales (PRL) cree que son los más habituales en las empresas?

A partir de la constatación del incumplimiento de la normativa sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se requiere al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas o puede requerirse y levantar la correspondiente acta de infracción.

Con relación al año 2018, el porcentaje más elevado de actas de infracción fueron debidas a las condiciones de seguridad de las máquinas y equipos de trabajo (22%); a continuación, las relativas a las condiciones de seguridad de los puestos de trabajo (15%) y, en tercer lugar, la falta de formación e información (14%).

Respecto a los requerimientos que realizan los técnicos habilitados en sus funciones de vigilancia y control de las condiciones materiales, el porcentaje más elevado es con relación a las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo (25%); en segundo lugar encontramos las máquinas y equipos de trabajo (19%); en tercer lugar, escaleras, plataformas y aberturas (11%); en cuarto lugar, equipos de protección individual (9%) y, en quinto lugar, riesgos eléctricos (7%).


En cambio, ¿qué aspectos en SST y PRL cree que han mejorado más en los últimos años?

Se hace difícil establecer en qué aspectos ha mejorado la seguridad y la salud en los últimos años, teniendo en cuenta que las actuaciones que se llevan a cabo desde la inspección de trabajo se inician a partir de la denuncia, de la investigación de accidentes y de las actuaciones planificadas en sectores críticos.

Del análisis de las actuaciones en los últimos cinco años sigue destacando, como uno de los principales motivos de los requerimientos y de extensión de actas de infracción, las infracciones en las condiciones materiales tanto a nivel de equipos de trabajo como de puestos de trabajo. Por lo tanto, entendemos que sobre las principales causas no ha habido mejora.


En abril de 2018 se aprobó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020. ¿Qué objetivos destacados hay previstos en materia de PRL?

El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2018-2020) en materia de seguridad y salud establece objetivos relacionados con la colaboración con los organismos técnicos de las autonomías, con relación al asesoramiento a los inspectores de trabajo y la elaboración de guías y criterios de forma conjunta, y la planificación de actuaciones por los subinspectores de seguridad y salud. En Cataluña, los técnicos habilitados forman parte de la Inspección de Trabajo desde 2010.

En consecuencia, la planificación de la ITC en el 2019 de los técnicos habilitados se ha centrado en la realización de actuaciones para hacer frente a la alta accidentalidad. Estas actuaciones se concretan en:

  • El 25% se centran en la vigilancia y control de las condiciones materiales en la construcción, en la reforma de locales y en la rehabilitación de fachadas.
  • El 50% se centran en microempresas (empresas de menos de 10 trabajadores, ya que según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña -IDESCAT- corresponden al 87% de las empresas de Cataluña), empresas que, según el marco estratégico de la UE, son una prioridad en materia de seguridad y salud en el trabajo dadas las dificultades que tienen para poner en marcha medidas efectivas y eficaces frente a la prevención de riesgos laborales. De éstas, además, se han seleccionado aquellas que pertenecen a sectores económicos con índices elevados de accidentalidad.
  • El 10% se centran en centros de trabajo en los que ha ocurrido un accidente de trabajo, con la finalidad de comprobar que se han corregido las condiciones que han dado lugar al accidente.

En resumen, de las 4955 actuaciones previstas para este 2019, un 85% tienen como objetivo contribuir a la reducción de la elevada accidentalidad.


¿Qué nos puede explicar sobre la obligatoriedad del registro de jornada ordinaria después del Real Decreto-Ley 8/2019?

La reciente sentencia del TJUE (Gran Sala), de 14 de mayo de 2019, pone de relieve que la ordenación del tiempo de trabajo tiene como fin promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, permitiendo que éstos disfruten de períodos mínimos de descanso (en particular, de períodos de descanso diario y semanal), así como de períodos de pausa adecuados, y estableciendo una duración máxima del tiempo de trabajo semanal.

La ITC ha venido realizando actuaciones de control del tiempo de trabajo y de descanso, a pesar de las dificultades que suponía la inexistencia de regulación legal que obligará a llevar un registro de la jornada para todos los trabajadores y la doctrina del Tribunal Supremo, contraria a realizar una interpretación finalista que entendiera que, para poder controlar los excesos de jornada o el cumplimiento de los descansos, era imprescindible que se llevará un control de toda la jornada de trabajo.

Según los datos de la Encuesta de la Población Activa, en 2018 la media semanal de las horas extras realizadas por los trabajadores asalariados en Cataluña fue de 952.400, de las cuales se estima que un 40% no se pagaron. No es de extrañar que de media cada año el 30% de las actuaciones por denuncias sean en materia de jornada y otro 25% en materia de salario.

La Inspección de Trabajo siempre ha sido muy sensible ante este problema, por lo que la actual regulación implicará una mayor eficacia en las actuaciones gracias a la exigencia de un instrumento de control generalizado de la jornada de trabajo y de descansos que hasta ahora se nos había negado.

No obstante, se presentan nuevos retos, como es la negociación para la organización y documentación del registro de jornada, el derecho a la desconexión digital o el registro de los valores medios de los salarios y otras retribuciones.


¿Todas las peticiones judiciales, denuncias y resto de demandas externas terminan en una inspección?

Todas las peticiones externas que se concretan en problemáticas de nuestra competencia terminan en un informe de respuesta al peticionario. Las actuaciones necesarias para dar respuesta se concretan en función del tipo de petición y pueden comportar la visita al centro de trabajo o la comparecencia ante el funcionario actuante, aportando la documentación que se señale en cada caso o para efectuar las aclaraciones pertinentes. En todas las actuaciones es muy importante la colaboración de los delegados de prevención y/o representantes de los trabajadores, como conocedores de la realidad de los puestos de trabajo.

Durante el 2018 se han realizado un total de 14.035 actuaciones rogadas en materia de seguridad y salud, que han finalizado en 1557 infracciones, 3783 requerimientos y 654 propuestas de recargo de prestaciones, con un incremento del 2% de las sanciones respecto al 2017.


¿Se aprecia una mayor dedicación de las empresas a los llamados riesgos emergentes relacionados con ergonomía y psicosociología? ¿En qué tipo de acciones concretas?

Los riesgos derivados de cuestiones ergonómicas o psicosociales generan daños a la salud y, por lo tanto, deben ser tratados como cualquier otro riesgo. No obstante, en la práctica en muchos centros de trabajo aún no se dispone de este tipo de evaluaciones. Si nos fijamos en los datos del último informe de la gestión de la prevención del Instituto Catalán de Seguridad y salud Laboral (ICSSL), publicado en 2016, solo un 5,4% de los trabajadores de Cataluña tienen evaluadas las cuatro tipologías de riesgo. Por tanto, aún queda mucho por hacer.

Desde 2015, la ITC lleva a cabo una campaña que tiene como finalidad comprobar las condiciones de trabajo con relación a los riesgos ergonómicos en sectores específicos con presencia de esta tipología de riesgos. Concretamente, durante el 2018 se ha incrementado el número de requerimientos en un 24%.

Con relación a los riesgos psicosociales, durante el 2018 se han efectuado un total de 152 requerimientos y el número de infracciones se ha incrementado en un 18%.


¿Creen que la autogestión en PRL debe ser un modelo de gestión a promover en las pymes?

La autogestión como modelo de gestión de la prevención que implique a todas las partes (empresa, trabajadores y representantes) con el objetivo de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los puestos de trabajo, es un modelo a promover. No obstante, cuando se desarrollan actividades de elevada peligrosidad y cuando los recursos propios no disponen de conocimientos suficientes para hacer frente a la gestión del riesgo es necesario recurrir a recursos ajenos para realizar una adecuada prevención de riesgos.


¿Considera positiva la incentivación de la prevención a través del sistema de reducción de cotizaciones (BONUS)?

El sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral, regulado en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, ha sido suspendido para las cotizaciones que se generen durante el año 2019 (DA 3ª del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre), suspensión que se extiende hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2019.

Parece ser que, como se señala en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 28/2018, lo que ha llevado a esta suspensión es la necesidad de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social, por cuanto se había comprobado que las modificaciones introducidas por dicho real decreto generan, respecto de la cotización por contingencias profesionales, distorsiones y una desproporcionada disminución de ingresos.

El "Bonus Malus" puede ser un instrumento útil para incentivar la imprescindible mejora de la PRL en nuestro país, pero hay que revisar su efectividad para comprobar si realmente actúa como incentivo para que las empresas sigan mejorando la prevención de riesgos laborales y penalice a aquellas empresas que no adoptan las medidas necesarias para prevenir los accidentes de trabajo.


Para acabar, ¿qué ingredientes debería tener la ‘fórmula mágica’ para ayudar a mejorar la PRL en las empresas?

No existe una fórmula mágica, pero sí que hay factores que pueden contribuir a la mejora. El primer paso para cualquier centro de trabajo es la adecuada identificación de todos los riesgos existentes en los puestos de trabajo; solo así se podrán eliminar, reducir y/o controlar.

A partir de la identificación, y para los riesgos que no se pueden eliminar, es necesaria una correcta evaluación específica, y para ello es imprescindible la adecuada formación y experiencia de quién las realiza. Además, cuando se trata de servicios de prevención ajenos es necesaria la coordinación entre empresa y el servicio de la prevención.

En consecuencia, más implicación de las empresas, de los recursos preventivos y de los trabajadores; más colaboración de los delegados de prevención y representantes de los trabajadores; más profesionalidad de los servicios de prevención, y más formación e información de los trabajadores, probablemente contribuirán a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

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Mª Luz Bataller Cifuentes
Directora de la Inspección de Trabajo de Cataluña

La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC) es el servicio público del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña competente para vigilar y exigir el cumplimiento de las normas del orden social en materia laboral, en prevención de riesgos laborales, en ocupación, en trabajo de personas extranjeras, en cooperativas y en otras fórmulas de economía social. También se encarga de asesorar e informar a empresas y trabajadores/as sobre cuestiones relacionadas con sus respectivos ámbitos de competencias, y actúa como mediadora en los conflictos laborales.

Mª Luz Bataller Cifuentes es la actual directora general de la ITC. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomada en Desarrollo Directivo por la Escuela de Administración Pública y ESADE, cuenta con una larga trayectoria profesional, habiendo ejercido los cargos de subdirectora general de recursos humanos del cuerpo de Policía y Mossos d’Esquadra y de directora de recursos humanos del Institut Català de la Salut, entre otros. Además, compaginó estos trabajos con los de árbitro del Tribunal Laboral de Cataluña, profesora del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra, y profesora de Derecho Laboral en ESADE.

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